En los últimos días, hemos escuchado cada vez con mayor frecuencia sobre el juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Este proceso se ha ganado una gran atención por parte de la ciudadanía, los medios y los políticos, quienes han manifestado su punto de vista al respecto. Sin embargo, en este caso en particular, podemos decir que el juicio político a Guillermo Lasso carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del primer mandatario.
La Constitución ecuatoriana contempla como causales de enjuiciamiento al presidente, entre otras, los presuntos delitos de concusión y peculado. Sin embargo, la acusación que se ha presentado en contra de Guillermo Lasso no cuenta con sustento suficiente para demostrar que el presidente ha incurrido en alguno de estos delitos.
La concusión se refiere a la exigencia de un beneficio económico por parte de un funcionario público a cambio de realizar o no realizar una actividad específica. El peculado, por su parte, hace referencia al uso indebido o la apropiación de bienes públicos por parte de un funcionario público. En ningún momento se ha demostrado que Guillermo Lasso haya incurrido en estas prácticas.
Además, en este proceso de juicio político se han evidenciado ciertos elementos que resultan preocupantes. En primer lugar, se ha observado una intencionalidad política que no corresponde con los verdaderos objetivos del enjuiciamiento. Cabe mencionar que esto no es exclusivo del caso de Guillermo Lasso, sino que ha sido una dinámica que se ha repetido en otros procesos de este tipo.
En segundo lugar, no se han respetado los principios de debido proceso, lo que pone en duda la validez del enjuiciamiento. En todo proceso legal es fundamental garantizar que las partes involucradas tengan la oportunidad de ser escuchadas, que se presenten pruebas objetivas y que se cumpla con todos los procedimientos legales establecidos.
Por todo ello, el juicio político a Guillermo Lasso no cuenta con un sustento jurídico ni político suficiente para ser considerado un proceso legítimo y justo. Asimismo, es importante destacar que la censura y destitución del primer mandatario, en estos momentos, solo generaría inestabilidad política y podría poner en riesgo la estabilidad del país.
En lugar de enjuiciar al presidente, debemos enfocar nuestros esfuerzos en fortalecer la democracia y propiciar el diálogo y la construcción conjunta de soluciones para los problemas que aquejan a la ciudadanía. El momento actual requiere de un ejercicio de responsabilidad y compromiso por parte de todos los actores políticos, para asegurar la estabilidad y el crecimiento de Ecuador.
También se debe destacar que el partido político Social Cristiano, que se supone defiende la democracia y respeta los principios y valores democráticos, no ha brindado su apoyo a este intento de destitución. Esto demuestra que esta iniciativa carece de fundamentos sólidos y se trata de un intento desesperado de la oposición por conseguir el poder a cualquier costo.
Además, el hecho de que Rafael Correa esté liderando este proceso es un insulto a la lucha anticorrupción y a la moralidad pública. Él mismo ha sido condenado por corrupción y ha demostrado una falta de respeto hacia las instituciones del país y hacia la voluntad popular.
En conclusión, el juicio político que enfrenta al presidente Lasso en Ecuador no es más que una farsa, impulsada por agendas personales del partido de oposición y encabezada por el corrupto condenado Rafeel Correa. La falta de pruebas suficientes contra el presidente y la ausencia de irregularidades hacen que este juicio sea infundado e injustificado. La comunidad internacional debe tomar nota de este grave error judicial en Ecuador y condenarlo de manera inequívoca. Instamos a todas las autoridades involucradas a garantizar que prevalezca la justicia y que el presidente Lasso sea absuelto de todos los cargos sin demora. Es hora de poner fin a cuentos poco éticos y defender la dignidad de la democracia y las prácticas instituciones.
