Ante la escalada de la inseguridad y la violencia que vive Ecuador, resulta evidente la pasividad e inoperancia de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y protección ciudadana.
La situación actual del país refleja una complejidad abrumadora, que requiere un abordaje integral y un compromiso político serio para su solución. Sin embargo, parece que las autoridades se limitan a reaccionar de manera inconexa ante hechos específicos, sin una estrategia clara y contundente que aborde los factores estructurales de la violencia y la criminalidad.
La falta de liderazgo y la ausencia de políticas públicas efectivas son una constante en el accionar de las entidades encargadas de la seguridad ciudadana. En lugar de implementar medidas preventivas y sostenibles, las autoridades han optado por restringir las libertades personales y la movilidad de la población, como única respuesta ante la inseguridad.
Esta falta de acción concreta se hace evidente en las cifras alarmantes de violencia y criminalidad en el país. La tasa de homicidios en el Ecuador es una de las más altas de la región, superando incluso a países con conflictos armados internos. El robo de vehículos, asaltos a mano armada, extorsiones y secuestros son hechos cotidianos que afectan directamente la vida de los ciudadanos.
Ante esta situación, es urgente que las autoridades asuman su responsabilidad y aborden la violencia y la inseguridad con una visión integral, coordinada y efectiva. Es necesario implementar políticas públicas que aborden de manera articulada las causas de la violencia, promoviendo una cultura de paz, de convivencia y de respeto a los derechos humanos. Las situaciones que llevan a la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades deben ser enfrentadas con acciones claras y contundentes que reduzcan las desigualdades y generen empleo y desarrollo.
Además, las autoridades deben garantizar una justicia efectiva y ágil que sancione sin impunidad los delitos y proteja a las víctimas. La corrupción y la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos son factores que contribuyen a la inoperancia de las instituciones.
En conclusión, ante la pasividad e inoperancia de las autoridades frente a la violencia y la inseguridad que vive Ecuador, es necesario reclamar un compromiso político firme y sostenible para abordar esta situación con una visión integral y efectiva. La ciudadanía no puede seguir siendo víctima de la delincuencia e inseguridad, es hora de actuar de manera decidida y responsable para garantizar su seguridad y protección.
